Una Constitución puede definirse como la pieza maestra de un engranaje mayor de normas, que incluye leyes, decisiones de los tribunales y políticas públicas, cuyo objeto es establecer cómo deben interactuar los poderes públicos entre sí, estos con la ciudadanía y también las y los ciudadanos en sus relaciones recíprocas.

Aquello que está contenido en una Constitución tiene más posibilidades de transformarse en algo protegido y valioso en una sociedad, en consecuencia, incluir cláusulas de género en una Constitución será siempre un avance. Sin embargo, es importante tener presente también que ninguna norma jurídica, por importante que esta sea, puede eliminar, por sí sola, desigualdades de carácter estructural como la desigualdad de género.

Esta última tiene raíces culturales y se expresa a través de múltiples manifestaciones, que atraviesan todo el espectro de la vida social. En consecuencia, superar la desigualdad de género precisa transformaciones socioculturales que exceden el campo de acción regular de las normas y prácticas jurídicas.

De la misma manera que es evidente que una Constitución no resolverá, por sí sola, la desigualdad de género, sin una Constitución que reconozca la igualdad de género como un principio, valor y derecho fundamental y que instituya garantías adecuadas para que esta se realice, es más difícil avanzar en este proyecto transformador.